El informe, presentado por la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc Tena, pone de relieve la indiferencia mostrada por las autoridades educativas frente a estos crímenes atroces. Más de 500 denuncias, con 111 docentes destituidos y otros 76 absueltos, son una muestra de la magnitud del problema y de la necesidad urgente de intervención y justicia. Es incomprensible cómo, durante años, estos abusos pudieron pasar desapercibidos o ignorados. La falta de respuesta efectiva por parte del Ministerio de Educación, que inicialmente calificó las denuncias como "exageraciones", demuestra una desconexión alarmante con la realidad y un fracaso en proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Es necesario preguntarnos: ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI continúen ocurriendo este tipo de abusos en nuestras instituciones educativas? La respuesta es compleja y dolorosa. La cultura del silencio, el miedo a represalias y la falta de mecanismos adecuados para la denuncia y protección de los menores son solo algunas de las razones que han permitido que este tipo de crímenes persistan. El impacto en las víctimas y sus familias es incalculable. El abuso sexual deja cicatrices emocionales profundas que pueden durar toda la vida. Además, la asociación de mujeres Awajún reporta contagios de VIH entre los menores, una consecuencia devastadora de estos actos de violencia. Es fundamental que las autoridades tomen medidas concretas y urgentes para abordar esta crisis. Se necesita una investigación exhaustiva y transparente que asegure que todos los responsables, tanto los perpetradores como aquellos que encubrieron estos crímenes, sean llevados ante la justicia. La protección de los derechos de los niños debe ser una prioridad absoluta y no puede ser comprometida. Este caso también nos invita a reflexionar sobre la cultura institucional y la responsabilidad social. Las instituciones educativas no solo deben enseñar conocimientos académicos, sino también valores éticos y morales que promuevan el respeto, la integridad y la dignidad de todas las personas. Es necesario un cambio profundo en nuestras políticas educativas y en nuestras actitudes hacia la protección de la infancia. Debemos garantizar que todos los niños y adolescentes puedan aprender y crecer en un entorno seguro, libre de violencia y abuso. Finalmente, este caso nos recuerda la importancia de escuchar y creer a las víctimas. Debemos construir una sociedad donde todos puedan sentirse seguros para hablar y denunciar abusos sin temor a represalias. El silencio roto es el primer paso hacia la justicia y la sanación. Es hora de actuar. Es hora de que la justicia prevalezca y de que los derechos de los niños sean protegidos con la máxima diligencia.